Hace unas semanas se celebraron diez años desde que Portugal abandonó el programa de rescate, un gran éxito viendo cómo ha evolucionado el país desde entonces. Grecia es otro ejemplo. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese rescate no hubiera llegado?
En esta entrada te cuento qué es un default soberano, cuáles son sus consecuencias y qué herramientas tienen los inversores para recuperar su dinero.
Un default soberano ocurre cuando un país no puede pagar su deuda. ¿Por qué? Por muchas razones —una crisis económica, una guerra, una pandemia…—, aunque lo más habitual es una mala gestión y una falta de responsabilidad fiscal. Y cuando un país entra en default, no solo afecta a los acreedores extranjeros, sino también a su propia economía.
Las consecuencias inmediatas
La primera es el cierre del grifo: el país tendrá serias dificultades para acceder a los mercados de capitales internacionales, lo que complicará financiar proyectos y servicios esenciales; y cuando logre financiarse, lo hará a un coste sensiblemente mayor.
La segunda golpea el bolsillo del ciudadano. Los defaults tienen impacto sobre la inflación, que sube cuando el gobierno imprime dinero para pagar las deudas; a ello se añade que las importaciones se encarecen porque la moneda nacional pierde valor.
Y la tercera es geopolítica: un default daña las relaciones con otros países —especialmente con los acreedores—, complicando las negociaciones para reestructurar la deuda.
¿Y ahora qué? Las herramientas del acreedor
A pesar de todo ello, supongamos que el default ya se ha producido. En este punto cabe preguntarse si los acreedores tienen que «dar por perdida» esta deuda o disponen de algún tipo de herramienta. La respuesta es afirmativa: existen medidas —con mayor y menor éxito— amparadas en el derecho internacional.
La primera vía es la litigación internacional. Los tribunales pueden emitir sentencias que obliguen al país a pagar, aunque su ejecución puede ser complicada debido a la inmunidad soberana de la que gozan muchos Estados. Aun así, los acreedores pueden intentar embargar activos del país deudor en el extranjero, como cuentas bancarias o propiedades estatales.
La segunda es el arbitraje. Algunos contratos de deuda incluyen cláusulas que permiten a los acreedores buscar una resolución mediante procedimientos arbitrales en lugar de acudir a los tribunales. El arbitraje puede ser más rápido y menos costoso que el litigio, y las decisiones suelen ser vinculantes y reconocidas internacionalmente, lo que proporciona a los inversores un mecanismo más eficiente.
La tercera, y la más transitada, es la negociación y reestructuración. Los inversores pueden optar por negociar directamente con el país deudor. Por su propia naturaleza, estas negociaciones son ad-hoc, dependiendo de la deuda y de las condiciones del país; de hecho, organismos como el Club de París facilitan estos acuerdos entre acreedores y deudores ofreciendo un marco estructurado. Aunque cada negociación es única, las fórmulas más habituales son tres: la extensión de los plazos, que alivia la presión financiera inmediata del país; las quitas, es decir, refinanciar «dando por perdida» parte de la deuda; y otros acuerdos de pago, como la entrega de acciones de empresas estatales.
Las consecuencias de un default no solo impactan la macroeconomía: alcanzan la vida diaria de los ciudadanos y las operaciones de las empresas.
Resolver un default soberano es complicado y afecta tanto al país como a los inversores. El acceso limitado al crédito y la inflación creciente pueden provocar desempleo, reducir el poder adquisitivo y dificultar la importación de bienes esenciales. Cada caso es único y requiere una estrategia específica según las circunstancias; la coordinación entre gobiernos, instituciones financieras y acreedores es crucial para encontrar soluciones viables y minimizar el impacto negativo tanto en la población como en la economía global.