Mientras los mercados siguen pendientes del enésimo capítulo presupuestario francés, al otro lado de los Pirineos se está gestando, con mucho menos ruido, un experimento fiscal de calado. Esta misma semana, el Ministerio de Hacienda español ha iniciado la consulta técnica con las comunidades autónomas sobre la mayor reforma de su sistema de financiación territorial en casi dos décadas, antesala de la votación prevista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio. La cifra que encabeza la propuesta es llamativa: las regiones recibirían en 2027 cerca de 21.000 millones de euros más de los que obtendrían con el modelo vigente, elevando los recursos totales del sistema por encima de los 224.000 millones. Y, como quien firma cheques generosos, conviene hacerse la pregunta que siempre viene después: ¿quién paga?
Para el lector menos familiarizado con la peculiar arquitectura fiscal española, algo de contexto. España es uno de los países más descentralizados de la OCDE: sus diecisiete comunidades autónomas gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales —la maquinaria pesada del Estado de bienestar—, pero la mayoría depende de un sistema común de financiación que, en términos legales, caducó en 2014 y ha sobrevivido desde entonces por pura inercia política. El resultado es conocido: infrafinanciación crónica de algunos territorios, déficits regionales persistentes y una brecha de recursos por habitante que ningún economista serio defiende.
Lo que la reforma hace bien
Juzgada en sus términos estrictos, la reforma corrige problemas reales. Simplifica una maraña barroca de fondos de nivelación, reduce la dispersión de financiación por habitante ajustado y eleva la cesión tributaria —el IRPF pasaría del 50% al 55% y el IVA hasta el 56,5%—. Promete, además, superar el arcaico mecanismo de entregas a cuenta liquidadas con dos años de retraso, fuente inagotable de sorpresas presupuestarias que ningún tesorero, y ninguna agencia de rating, aprecia. Desde la óptica del crédito subsoberano, un gobierno regional con ingresos más predecibles y mayor autonomía fiscal es, sencillamente, un mejor emisor. No es casualidad que País Vasco y Navarra, con su régimen foral y plena capacidad tributaria, exhiban desde hace años perfiles crediticios que les permitirían financiarse a diferenciales próximos —o teóricamente inferiores— a los del propio soberano.
Pero el análisis de rating no se detiene en los ingresos. Dos rasgos de esta reforma deberían hacer reflexionar al inversor.
El riesgo político: un marco que nace sin consenso
El primero es político. La propuesta nace del acuerdo de investidura de 2024 entre los socialistas y el independentismo catalán, y se nota: Cataluña obtiene un encaje singular dentro del sistema común, y catorce de las quince comunidades afectadas —incluidas dos gobernadas por el partido del propio presidente del Gobierno— han anunciado su voto en contra. La oposición, por su parte, ha registrado ya una enmienda a la totalidad en el Congreso. No podemos perder de vista que el marco de financiación es, en sí mismo, un factor de rating: su función es aportar estabilidad y previsibilidad a través de los ciclos políticos. Un sistema que rechaza la mayoría de sus propios beneficiarios, y que la alternativa de gobierno promete revertir a la primera oportunidad, no aporta ni lo uno ni lo otro.
Los mercados de capitales, como nos gusta decir en Madrid, huyen de la niebla.
El riesgo aritmético: recursos que salen del garante
El segundo es aritmético. Los 21.000 millones adicionales no surgen de la nada: son una transferencia estructural de recursos del Estado hacia las autonomías sin un traspaso equivalente de competencias de gasto. Y llegan en un momento incómodo. La Administración Central concentra ya el grueso del déficit público —frente al cuasi-equilibrio agregado de las comunidades—, la deuda ronda todavía el 100% del PIB, el país lleva años sin aprobar Presupuestos Generales y las nuevas presiones de gasto —defensa, pensiones, transición energética— recaen precisamente sobre los hombros del Estado. Debilitar la posición fiscal del emisor que actúa de techo país para todos los bancos, aseguradoras y empresas españolas no es un tecnicismo. ¿Qué pensaría tu banco si, sin recortar tus gastos, cedieras de forma permanente una parte de tus ingresos?
Los españoles ya hemos visto esta película. La anterior reforma de la financiación, en 2009, también llegó envuelta en una inyección de recursos frescos; dos años después, la crisis de deuda soberana la había borrado, la prima de riesgo superaba los 600 puntos básicos y la mayoría de las comunidades perdía el acceso a los mercados, sobreviviendo únicamente gracias a los mecanismos extraordinarios de liquidez del Estado. Aquel episodio dejó a los inversores una lección duradera: la solvencia regional en España descansa, en última instancia, en el respaldo implícito —y en ocasiones explícito— del soberano. Una reforma que detrae recursos del garante mientras multiplica las excepciones territoriales corre el riesgo de erosionar precisamente aquello que sostiene el rating de todos: la credibilidad del conjunto.